Miami, la segunda ciudad más poblada de Florida, dio luz verde a un acuerdo polémico con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el cual autoriza a ciertos oficiales de la policía local a desempeñar funciones migratorias limitadas bajo la supervisión directa de ICE.
Este martes, la Comisión de la Ciudad votó 3 a 2 a favor de integrarse al programa 287(g) de ICE, lo que otorga a agentes estatales y locales la facultad de identificar, detener e interrogar a personas sospechosas de estar en el país sin autorización durante operativos de rutina. También les da acceso a bases de datos y al sistema de gestión de casos del organismo federal. Según el Censo de EE.UU., más de la mitad de la población de Miami nació en otro país.
El comisionado Damian Pardo, quien junto a Christine King se opuso a la medida, declaró a CNN: “Como defensor de toda la vida de una vía legal hacia la ciudadanía y partidario del TPS, no puedo apoyar el 287(g)”.
El programa ha sido duramente cuestionado por sectores de la comunidad, generando temor, rechazo y preocupación en diversos rincones del estado. Muchos residentes temen que la medida promueva un ambiente de intimidación, impida que inmigrantes sin papeles denuncien delitos, exponga a las ciudades a posibles demandas y desvíe recursos de los cuerpos policiales.
Durante la sesión pública, numerosos residentes expresaron su desacuerdo. Abel Delgado, ciudadano de Miami e hijo de exiliados cubanos, advirtió que esta colaboración podría significar la deportación de inmigrantes cubanos, haitianos y venezolanos “de regreso a dictaduras o al caos”, y sostuvo que esta política puede acarrear demandas costosas para la ciudad. “ICE no respeta los derechos civiles ni la constitución”, dijo. “Este acuerdo pone a nuestros policías en una situación imposible: arrestar a vecinos que solo buscan el sueño americano. Es un error legal, moral y financiero”.
La maestra Madison Rodríguez compartió que sus alumnos temen que sus padres sean deportados. “Les da miedo asistir a clases o a sus trabajos. Se esconden cada vez más. Como académica, sé que muchas atrocidades inician con la deportación y la cooperación estatal”, sostuvo.
Otra residente, Amber Shapiro, recalcó: “Miami no tiene la obligación legal de firmar este acuerdo. Me preocupa que esto afecte negativamente la relación entre los ciudadanos y la policía”.
La ley estatal obliga a los jefes de cárceles de condado a firmar convenios de este tipo, pero no está claro si esa obligación aplica también a departamentos de policía municipales. Por esa razón, el alcalde de South Miami, Javier Fernández, quien también es abogado, presentó una demanda contra el gobernador Ron DeSantis y la fiscal estatal, solicitando una aclaración judicial sobre el alcance de dicha ley.
“No creo que los departamentos municipales estén legalmente forzados a firmar”, dijo Fernández a CNN. También mencionó los riesgos legales que asumiría su ciudad, como enfrentar demandas por detención ilegal. “Podríamos vernos obligados a pagar cientos de miles de dólares en costas legales sin garantía de reembolso federal”, explicó.
Fernández pidió a otros alcaldes que se unan a su demanda o que al menos esperen su resolución antes de firmar acuerdos similares. No obstante, rechazar a ICE podría traer consecuencias, como descubrió Fort Myers, que en marzo recibió amenazas por parte del fiscal general del estado, Jame Uthmeier, después de votar contra el programa. Uthmeier calificó esa decisión como una “violación directa” de la ley estatal que prohíbe a las “ciudades santuario” y advirtió que el gobernador puede destituir a funcionarios municipales.
Finalmente, Fort Myers dio marcha atrás y aprobó el acuerdo de forma unánime.
Hasta el 16 de junio, ICE ha firmado más de 700 acuerdos del programa 287(g) en 40 estados. Florida es el estado con mayor cantidad de convenios de este tipo, que ICE define como un “multiplicador de fuerza” dentro de la estrategia del gobierno de Trump para reforzar los operativos migratorios. Entre las entidades participantes están ciudades como Coral Gables, Fort Myers, universidades como Florida Gulf Coast e incluso organismos como el Departamento de Lotería de Florida.
Fuente:https://cnnespanol.cnn.com/
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