La Corte Suprema asesta duro golpe a los derechos trans al mantener ley de Tennessee

En una decisión que representa un retroceso para los derechos de la comunidad trans, el Tribunal Supremo de EE.UU. mantuvo vigente una ley de Tennessee que prohíbe el acceso a tratamientos de afirmación de género para menores de edad. La votación fue de 6 contra 3, reflejando la inclinación conservadora de la mayoría del tribunal.

El presidente del alto tribunal, John Roberts, argumentó en nombre de la mayoría que la norma estatal no infringe la Constitución, la cual establece que todas las personas deben recibir el mismo trato legal. En contraste, la jueza Sonia Sotomayor expresó en su opinión disidente que el fallo deja desprotegidos a niños transgénero por motivos políticos.

Además de Tennessee, más de la mitad de los estados del país tienen legislaciones similares que restringen derechos a personas trans. Esta decisión judicial se produce mientras múltiples gobiernos estatales y la administración de Donald Trump promueven medidas que afectan la vida cotidiana de esta población, desde la participación en deportes hasta el uso de baños públicos.

En abril, la administración Trump demandó a Maine por permitir la inclusión de atletas trans en competencias femeninas. También se han implementado políticas para eliminar el financiamiento público a cuidados médicos afirmativos para menores y promover la llamada “terapia de conversación”.

Un mes antes, el tribunal supremo británico también tomó una postura excluyente, permitiendo la exclusión de mujeres trans de ciertos espacios femeninos bajo su Ley de Igualdad.

Según el Instituto Williams, cerca de 300,000 adolescentes entre 13 y 17 años, y 1.3 millones de adultos, se identifican como trans en EE.UU. Cuando se presentó este caso en diciembre, la administración Biden y varias familias solicitaron al tribunal que invalidara la ley por ser una forma de discriminación sexual.

No obstante, la Corte se negó a aplicar los mismos estándares que utilizó en un caso de 2020, donde se protegieron los derechos laborales de personas trans. En su lugar, aplicó un criterio legal más flexible, conocido como “revisión de base racional”, lo cual facilitó que se mantuviera la norma.

Esta decisión no revoca el precedente anterior que protege a personas LGBT+ de la discriminación en el trabajo, pero marca un precedente preocupante para otros derechos civiles.

Fuente:https://www.cnn.com/

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