Un juez federal impidió que los dreamers accedieran a la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) en 19 estados.
La decisión bloqueó una regulación de la administración Biden que permitía a los beneficiarios del DACA obtener un seguro médico mediante la Ley de Asistencia Asequible, comúnmente conocida como Obamacare.
Esta resolución legal se produjo tras la impugnación de la norma por parte de 19 fiscales generales estatales republicanos, quienes argumentaron que infringía las leyes que limitan el acceso a beneficios públicos para aquellos sin estatus migratorio legal.
La inscripción abierta del Obamacare, que comenzó el 1 de noviembre, había despertado inicialmente esperanzas entre los beneficiarios de DACA, quienes anteriormente no podían acceder a la cobertura médica financiada por el gobierno.
Sus alternativas se limitaban a seguros proporcionados por empleadores, programas estatales o clínicas que ofrecían atención médica a bajo costo o gratuita.
El fiscal general de Kansas, Kris Kobach, lideró el desafío legal y celebró la decisión como una “gran victoria para el estado de derecho”. “El Congreso nunca tuvo la intención de que los inmigrantes indocumentados recibieran beneficios del Obamacare”, afirmó.
Establecido por el expresidente Barack Obama en 2012, el programa DACA protege a jóvenes inmigrantes de la deportación y les permite trabajar legalmente en EE.UU. Drishti Pillai, del KFF, un grupo de investigación sobre políticas de salud, mencionó que este fallo impacta a los beneficiarios de DACA en los 19 estados involucrados.
Sin opciones de seguro asequibles, muchos beneficiarios de DACA podrían quedar sin cobertura médica. Pillai subrayó las limitaciones geográficas del fallo, pero expresó dudas sobre la posibilidad de una apelación exitosa, recordando los intentos previos de Trump para desmantelar DACA.
En un desarrollo paralelo, el expresidente Trump manifestó su disposición a negociar una solución para los beneficiarios de DACA con legisladores demócratas.
En una reciente entrevista, enfatizó la importancia de alcanzar una resolución, afirmando: “Quiero poder resolver algo, y debería haberse solucionado en los últimos tres o cuatro años”.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos está analizando las repercusiones de esta sentencia y considerando posibles acciones legales o políticas futuras.
Fuente:https://www.telemundo.com/
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