El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes un decreto que retira a su país del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y continúa con la suspensión de fondos destinados a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés), según informó EFE.
Esta medida se anunció el mismo día en que Trump sostuvo una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien ha sido un crítico constante de la UNRWA.
Netanyahu, que ha denunciado la parcialidad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hacia Israel, mantiene que la agencia no solo administra servicios a los refugiados palestinos, sino que también perpetúa estructuras que, a su juicio, favorecen la radicalización y el estancamiento en la búsqueda de la paz en la región.
Israel lleva años buscando desmantelar la UNRWA. En junio de 2017, al inicio de la presidencia de Trump, las expectativas de Netanyahu parecían prometedoras para avanzar en esta agenda, sobre todo considerando la relación cercana que ha mantenido con el yerno de Trump desde su infancia.
Durante una reunión habitual del gabinete, el primer ministro señaló haber conversado con la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, a quien agradeció “sus decisivas palabras a favor del Estado de Israel y en contra de la obsesión antiisraelí en la ONU”.
Haley se ha destacado en la formulación de la política exterior estadounidense en Oriente Medio, subrayando la necesidad de revisar aquellas instituciones internacionales que, en su opinión, actúan de forma parcial contra Israel.
“Es hora de desmantelar la UNRWA”, declaró Netanyahu, reflejando así no solo su descontento con la organización, sino también su deseo de replantear la ayuda internacional y los mecanismos de representación de los refugiados palestinos.
La decisión de Trump se enmarca en una serie de acciones que rompen con décadas de política exterior estadounidense, evidenciada también por el polémico traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, un hecho que alteró el delicado equilibrio en la región.
Sin embargo, en lo que respecta a la UNRWA, Netanyahu no verá realizados sus deseos de inmediato, ya que tendrá que esperar otros ocho años. A finales del año pasado, el parlamento israelí, o Knesset, aprobó una ley que prohíbe la presencia de la UNRWA en Israel y cualquier contacto entre la agencia y funcionarios israelíes.
Aunque estas leyes no han logrado, de manera inmediata, impedir el funcionamiento de la UNRWA en la Ribera Occidental y Gaza —territorios ocupados por Israel—, el vínculo esencial entre la agencia y las autoridades israelíes prácticamente ha asegurado el fin de las operaciones de la UNRWA tal como se conocían.
Fundada en 1949, la UNRWA ha sido históricamente responsable de proveer servicios de educación, salud y asistencia social a millones de refugiados palestinos.
No obstante, a lo largo de los años, la organización ha sido objeto de críticas por parte de Israel y otros actores internacionales que sostienen que sus programas, en ocasiones, terminan por favorecer intereses políticos o incluso incitar a actitudes extremistas.
Las recientes acusaciones de que empleados de la UNRWA participaron en la masacre del 7 de octubre han intensificado el rechazo hacia la agencia en un Israel aún conmocionado por el peor ataque a judíos desde el Holocausto.
Para algunos, estas medidas y críticas justifican una revisión profunda del papel y financiamiento de la UNRWA; para otros, representan un avance en la erosión de los derechos palestinos, incluido el derecho a regresar a las tierras de las que fueron expulsados en 1948.
Además, organismos internacionales y defensores de los derechos humanos han manifestado su preocupación por las repercusiones que estas políticas puedan tener en la estabilidad regional, advirtiendo que la reducción del apoyo humanitario podría agravar la situación en Gaza y la Ribera Occidental.
El responsable de la UNRWA ha advertido que la nueva legislación “solo profundizará el sufrimiento de los palestinos, especialmente en Gaza, donde la población lleva más de un año viviendo un auténtico infierno”.
Esta declaración subraya el temor de que las recientes decisiones no solo tengan implicaciones políticas, sino que también se traduzcan en un deterioro significativo de las condiciones de vida de millones de personas que dependen de la ayuda internacional, marcando así una nueva etapa en la ya tensa relación entre las políticas estadounidenses, israelíes y la cuestión palestina.
Fuente:https://cnnespanol.cnn.com/
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