El Formulario I-9 y Su Papel en la Vigilancia de Inmigrantes Indocumentados

En la búsqueda del gobierno de Donald Trump por controlar la inmigración ilegal, se han implementado diversas estrategias destinadas a rastrear y detener a migrantes indocumentados. Desde las redadas en los lugares de trabajo hasta la utilización de bases de datos, todas estas acciones buscan fortalecer el cumplimiento de la ley. Entre estas herramientas, destaca un documento clave: el formulario I-9, un aspecto que muchas personas desconocen o ignoran.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha declarado que realiza inspecciones del formulario I-9 como parte de sus esfuerzos para promover la legalidad en el empleo y disuadir la contratación ilegal en Estados Unidos. Este formulario, conocido formalmente como el “Employment Eligibility Verification Form”, es obligatorio para todos los empleadores y les permite verificar tanto la identidad como la elegibilidad laboral de sus empleados.

La legislación que establece este requisito se remonta a la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986. Esta ley obligó a los empleadores a asegurarse de que sus trabajadores tienen derecho a laborar en el país. Si no se cumplen con estas verificaciones, los empleadores pueden enfrentar sanciones puramente civiles, como multas, e incluso cargos penales en los casos más graves. Esto convierte al formulario I-9 en un mecanismo crucial para documentar el cumplimiento de la ley.

En situaciones normales, ICE lleva a cabo auditorías para revisar los formularios I-9 de los empleados. Durante estas auditorías, los funcionarios de inmigración evalúan si los trabajadores han presentado pruebas de identidad adecuadas, como una licencia de conducir o una tarjeta de seguro social, al momento de su contratación. Esto genera un proceso que no solo impacta a los empleados, sino también a los empleadores, quienes deben estar preparados para la posibilidad de una inspección.

El inicio del proceso de auditoría se da cuando ICE emite un “Aviso de Inspección” (NOI, por su siglas en inglés), lo que implica que los empleadores tienen 72 horas para presentar la documentación requerida. Ante la presión de cumplir con estas solicitudes, muchos empleadores optan por comunicarse con abogados para asegurarse de que tienen toda la documentación correcta, junto con otros datos que podrían ser solicitados.

Entre la información adicional que ICE podría requerir están los registros de nómina, listados de empleados activos y despedidos, así como permisos de funcionamiento y licencias comerciales. Este enfoque integral permite a ICE ejecutar sus auditorías de manera efectiva. Si se encuentran fallas técnicas o de procedimiento tras la auditoría, el empleador tiene un plazo de solo diez días para corregir cualquier error detectado. Las multas monetarias por violaciones pueden ser severas, lo que aumenta la preocupación de los empleadores sobre el cumplimento de estas normativas.

Cabe mencionar que, aunque ICE suele dar un plazo de tres días para corregir los formularios I-9, en ocasiones también puede confiscar documentos de inmediato si trae órdenes judiciales. Este aspecto ha hecho que muchas empresas se tomen el cumplimiento de estas leyes muy en serio. En este contexto, Sam Toia, CEO de la Illinois Restaurant Association, enfatizó a los miembros de la Asociación la importancia de asegurarse de que todos los trabajadores tengan sus papeles en regla y que cooperen con las inspecciones.

ICE también deja claro que los formularios I-9 deben mantenerse archivados. Para los empleadores de empleados actuales, estas copias pueden ser en papel o electrónicas, mientras que para los extrabajadores, deben conservarse por al menos tres años desde el primer día de trabajo o un año desde que el empleado dejó la empresa. Estas regulaciones son parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que los empleadores desempeñen un papel activo en la verificación de la elegibilidad de sus trabajadores.

La inspección de los formularios I-9 ha sido una estrategia en la lucha contra la inmigración ilegal desde el primer mandato de Trump, y parece que esta administración sigue apostando por estas medidas en su nuevo mandato. Recientemente, el 27 de febrero, ICE llevó a cabo una operación de cumplimiento en un mercado de Filadelfia, donde se arrestaron a varios ciudadanos brasileños que no tenían estatus legal en el país. Estas acciones refuerzan la perspectiva de que las inspecciones de formularios I-9 son consideradas una de las herramientas más efectivas para hacer cumplir las leyes laborales en Estados Unidos.

La realidad es que siempre que se detecten inmigrantes indocumentados durante una operación de este tipo, pueden ser detenidos y procesados para su deportación de acuerdo con la ley. Este enfoque ha suscitado una gran preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes ven estas acciones como una violación de sus derechos laborales y humanos.

En un incidente separado que ocurrió también el 26 de febrero, ICE realizó una inspección sin previo aviso en un almacén aduanero en Nueva Jersey. Este operativo resultó en la detención de 16 personas que supuestamente estaban en el país de manera ilegal. Estas operaciones no solo afectan a los trabajadores, sino que también imponen una gran carga sobre los empleadores, quienes deben estar constantemente alerta ante el cumplimiento de las regulaciones migratorias.

ICE ha declarado que su enfoque hacia la aplicación de la ley en los lugares de trabajo es triple: incluye auditorías de formularios I-9, imposición de multas civiles, así como la remisión para la inhabilitación de empleadores que incumplen. Además, también abarca la aplicación de la ley a través del arresto penal de empleadores que incumplen las normas y el arresto administrativo de aquellos trabajadores no autorizados. Este enfoque resalta la complejidad del sistema y el temor que esto puede generar tanto en empleadores como en empleados.

La utilización del formulario I-9 y todo el sistema que lo rodea revelan cómo se entrelazan las vidas laborales y migratorias en un contexto en el que las leyes son cada vez más estrictas. En el entorno actual, los trabajadores y sus empleadores deben navegar por un paisaje complicado lleno de regulaciones y posibles sanciones que pueden afectar su vida diaria. Esto plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre la legalidad en el empleo y los derechos individuales de los trabajadores.

El desafío es significativo, y cada nuevo caso de detención se suma a un clima de incerteza. A medida que el gobierno sigue utilizando herramientas como el formulario I-9, cabe aún preguntarse qué implicaciones tendrá esto en la vida de los trabajadores indocumentados y en el futuro de las políticas migratorias en Estados Unidos.

Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/

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