Colorado y Denver, en la mira de Trump por inmigración

El Departamento de Justicia presentó una demanda el viernes contra el estado de Colorado y la ciudad de Denver, acusándolos de obstaculizar las acciones federales para aplicar las leyes migratorias, en lo que representa otro esfuerzo de la administración Trump por eliminar las llamadas políticas o ciudades santuario.

La querella alega que tanto el estado como su capital han implementado normas que contravienen la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

Según el documento legal, el gobierno federal posee una autoridad consolidada y prioritaria para manejar los asuntos relacionados con inmigración.

Aunque no hay una definición única de lo que constituye una ciudad o política santuario, el término suele usarse para describir una cooperación limitada de autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), especialmente en procesos de deportación masiva. ICE depende del apoyo de las autoridades locales para que notifiquen sobre personas buscadas por inmigración y las mantengan detenidas hasta que los agentes federales puedan hacerse cargo.

Esta no es la primera acción de este tipo del Departamento de Justicia, que ya ha iniciado procedimientos legales similares contra ciudades como Chicago y Rochester, Nueva York. En esta ocasión, los abogados federales argumentan que las medidas adoptadas en Colorado permitieron que la banda criminal venezolana Tren de Aragua se estableciera en un complejo residencial en Aurora, un suburbio de Denver.

Si bien las autoridades locales reconocieron que el vecindario vivía con miedo por la presencia de personas vinculadas al grupo, calificaron de exageradas las declaraciones que aseguraban que la pandilla había tomado el control de grandes áreas de la ciudad.

Entre los demandados se encuentran el gobernador Jared Polis, la legislatura estatal, el alcalde de Denver Mike Johnston y el fiscal general de Colorado Phil Weiser.

El portavoz del gobernador, Conor Cahill, respondió que Colorado no se considera un estado santuario y que mantiene una cooperación activa con distintas agencias policiales. También aseguró que respetarán cualquier fallo judicial al respecto, aunque no emitirán comentarios sobre el contenido de la demanda.

Mientras tanto, legisladores republicanos en el Congreso han exigido que las ciudades lideradas por demócratas se alineen con la política migratoria federal. Recientemente, citaron a declarar a los alcaldes de Denver, Boston, Nueva York y Chicago ante un comité de supervisión de la Cámara.

Los líderes municipales defendieron sus políticas, describiendo sus ciudades como espacios seguros y solidarios, y aprovecharon la ocasión para pedir una reforma migratoria integral.

Fuente:https://apnews.com/

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