
En un extenso proyecto de ley presupuestaria de 300 páginas, cuatro frases discretas revelan un giro en la postura de las autoridades de DC respecto a la inmigración.
Hace cinco años, la alcaldesa Muriel Bowser se refería a Washington DC como una “ciudad santuario” con orgullo. Hoy, su postura ha cambiado y busca deshacerse de esa denominación, así como de las protecciones que ofrece a ciertos inmigrantes.
Dentro de su propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026, Bowser plantea revocar una ley de 2019 que restringe la colaboración entre agencias locales —como el Departamento de Correcciones y la Policía Metropolitana— y los operativos federales de inmigración.
Esa norma, conocida como la Ley de Enmienda de los Valores del Santuario, regula cómo deben actuar las autoridades locales frente a las solicitudes de detención hechas por ICE, cuando se pide mantener a una persona bajo custodia aunque ya deba ser liberada, con el objetivo de que sea retenida por agentes migratorios.
Aprobada de forma unánime por el Concejo de DC y firmada por la misma Bowser, la ley impide a las agencias locales obedecer esas solicitudes si no hay una orden judicial. También prohíbe que funcionarios de inmigración entrevisten a detenidos bajo custodia municipal.
Los promotores de esta legislación sostienen que estas medidas mejoran la seguridad pública al generar confianza entre la comunidad inmigrante, animándola a denunciar delitos sin temor a represalias migratorias. La propia ley lo expresa claramente: el Distrito tiene la obligación de proteger a todos sus habitantes y de garantizar que puedan relacionarse con la policía sin miedo a consecuencias migratorias. Según la legislación, cooperar con ICE no favorece la seguridad de la comunidad.
Este tipo de políticas santuario se ha replicado en múltiples jurisdicciones progresistas del país, desde Arlington hasta California.
En declaraciones recientes, Bowser comentó que tal vez no sea adecuado que esta disposición forme parte de la legislación local, y que podría abordarse a través de órdenes ejecutivas.
“Es la única sección legal que define a DC como una ciudad santuario… está enfocada en cómo interactuamos con ICE. Creo que ese término no describe bien a la ciudad”, afirmó. “Estamos dispuestos a trabajar con el Concejo para revisar esa parte, pero no consideramos que la ley sea el espacio indicado para ello. Si se incluye, debería enfocarse en los problemas reales que intenta atender”.
Esta intención de revertir la ley, plasmada en apenas unas líneas dentro del presupuesto, también evidencia un cambio de enfoque por parte de Bowser frente al segundo mandato de Trump. Se interpreta como un intento de evitar una mayor injerencia republicana en los asuntos del Distrito. Sin embargo, podría abrirla a críticas por ceder demasiado ante esa presión, poniendo en duda los valores progresistas que la ciudad ha defendido.
Previamente, Bowser ya había eliminado silenciosamente un portal del gobierno local que promovía el respaldo a los inmigrantes. También dejó de usar el término “ciudad santuario” y desmanteló la emblemática Black Lives Matter Plaza, decisiones que muchos interpretaron como señales simbólicas de este giro político.
A pesar de ello, las críticas republicanas no cesaron. A principios de este año, una comisión de la Cámara impulsó una ley para eliminar el estatus santuario de DC, y otra propuesta similar aún se debate en el Senado.
“El hecho de que la capital de nuestra nación facilite la ilegalidad y obstaculice la aplicación de las leyes es inaceptable”, declaró el senador Bill Hagerty, republicano de Tennessee. “Los esfuerzos del presidente Trump para aplicar la ley migratoria no deben ser obstaculizados por autoridades locales, y mucho menos en DC”.
Algunos funcionarios del gobierno de Trump también han cuestionado si, dada esta postura santuario, el Congreso debería limitar la autonomía del gobierno de DC. Además, los republicanos de la Cámara están impulsando medidas contra la ley local que permite a los no ciudadanos votar en elecciones municipales.
No obstante, Bowser ha expresado su preocupación ante operativos recientes de ICE en restaurantes y vecindarios del Distrito. En abril, en una carta dirigida a autoridades federales, defendió la política de no colaboración con el sistema migratorio.
“La principal responsabilidad del Departamento de Policía Metropolitana es proteger a todos los habitantes de DC”, escribió. “Desde hace más de 20 años, nuestra política es no indagar sobre el estatus migratorio de las personas. Cuando ciertos grupos temen acudir a la policía, se vuelven blanco de delitos graves. Eso pone en riesgo a toda la comunidad”.
Ahora, el Concejo de DC deberá analizar la propuesta de Bowser al revisar el presupuesto y decidir si derogar o no la ley que protege a la ciudad como santuario.
Fuente:https://eltiempolatino.com/
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